Soberanía y autonomías alimentarias como escalas de realización del derecho a la alimentación en Colombia.

Enfoque de trabajo de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario – ATI.

Las dinámicas actuales del capital y el modelo de desarrollo rural amenazan seriamente el derecho a una alimentación adecuada. En el caso de Colombia, observamos una situación problemática en donde las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas están siendo despojadas de sus territorios, para ser entregados a monopolios y empresas trasnacionales. Estamos asistiendo a una crisis alimentaria agravada por la pandemia de la COVID-19, que se expresa en situaciones de hambre, desnutrición, mal nutrición, desigualdad en las posibilidades de acceso a los alimentos y deterioro ambiental de los ecosistemas que nos lo proveen por una explotación intensiva de los mismos y sin una lógica de sostenibilidad.

Es importante destacar que, en gran medida, las problemáticas asociadas a la falta de garantías del derecho a la alimentación en Colombia están asociadas a un modelo de sistema agroalimentario que ha priorizado la producción agroindustrial, la importación de alimentos y políticas públicas que no han tenido en cuenta la participación y la pertinencia cultural en el momento de su elaboración. Avanzar en la garantía del derecho pasa por una revisión del actual modelo de nuestro sistema agroalimentario, quienes y de qué manera se están involucrando y cuáles son las responsabilidades y deberes que les atañen.

La comprensión y aterrizaje del derecho a la alimentación en Colombia debe avanzar hacia una mirada que deje de limitarlo a presupuestos de mera seguridad alimentaria y nutricional que imponen una visión restrictiva limitándolo a medidas para mitigar el hambre, se debe incluir enfoques como el de la soberanía alimentaria, reconocida recientemente en la declaración de Naciones Unidas de Derechos de Campesinos y Campesinas y que implica “el derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos…”, permitiendo avanzar en una escala más de realización y materialización del derecho. Los derechos como construcciones sociales están en permanente reelaboración producto de las luchas sociales que les han dado origen, en este sentido incluir las reivindicaciones de vastos sectores sociales que han venido posicionando en los discursos globales la soberanía alimentaria es fundamental.

El ejercicio de la soberanía alimentaria es una forma de resistencia pacífica frente a todos los factores de marginación que viven hoy las poblaciones rurales, esta apuesta ha permitido a muchas comunidades enfrentar el hambre, el deterioro ambiental y la disputa por el territorio; permite mantener niveles de cohesión social, arraigo por la tierra y sentido de esperanza, sobre la aspiración de hacer respetar el derecho a un desarrollo propio por encima de los intereses de los proyectos económicos e intereses políticos sobre el territorio, priorizando y respetando la permanencia física, cultural y económica de las comunidades, la conservación ambiental y la producción de alimentos sanos para la población.

En ATI consideramos y priorizamos la importancia de los procesos y movimientos sociales en la construcción de soberanías legitimas. En este sentido la autonomía alimentaria se convierte en un paso necesario para alcanzar la soberanía, como un hecho de autodeterminación, resistencia y lucha por la permanencia cultural de las comunidades. Para nosotros las estrategias nacionales de soberanía y las políticas de seguridad alimentaria tienen que surgir desde las experiencias locales y regionales para potenciarlas y afianzarlas en una construcción de abajo hacia arriba.

El concepto de autonomía tiene un rango de acción concreto y reconoce el papel de las comunidades, de organizaciones locales y redes como autores de normas, acuerdos y propuestas, que legitiman su poder de actuación y de interlocución con otros. A medida que las comunidades vayan construyendo su autonomía, se puede resignificar el sentido de lo público en aras de promover eficazmente la participación comunitaria y el control social para llegar a tener mayor fuerza en la incidencia.

De ahí que nuestra propuesta busque la construcción colectiva de una mirada crítica frente a las dinámicas del mercado que atentan contra la soberanía y autonomía alimentaria, al papel del Estado de cara a la realización del derecho para todos y todas, y por otro el fortaleciendo de los procesos organizativos que apunten hacia la concreción de circuitos agroalimentarios justos y solidarios en contraposición a los sistemas agroalimentarios excluyentes, inequitativos y poco sostenibles.

En esta perspectiva, se busca articular de forma integral y armónica tres componentes como escalas de realización del Derecho a la Alimentación:

1. Soberanía alimentaria, a través de análisis sobre las dinámicas que afectan los territorios, la tierra (en cuanto su uso y tenencia), la territorialidad y acciones concretas para su construcción popular y defensa.

2. La autonomía, desde ejercicios organizativos que promuevan la construcción de circuitos agroalimentarios, en los cuales ATI asume un papel de fortalecimiento de los diversos eslabones que lo integran haciendo énfasis en la recuperación y dinamización de mercados propios de la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria desde un modelo de transformación hacia la agroecología y con un enfoque de economía social y solidaria.

3. La promoción y defensa del derecho a la alimentación, a través de la búsqueda de mecanismos de participación política, exigibilidad e incidencia de cara a los deberes y obligaciones del Estado frente al derecho humano a una alimentación adecuada. La alimentación como derecho humano fundamental implica entonces abordar y tomar medidas en cada uno de los componentes que constituyen el derecho: disponibilidad, acceso, calidad alimentaria y adecuación cultural, que se han establecido en estándares internacionales.

La Disponibilidad alimentaria tiene que ver con la generación permanente de condiciones que permitan la producción suficiente de alimentos a corto, mediano y largo plazo, evitando cualquier amenaza de escasez y desperdicio de comida. Este elemento está relacionado con el mantenimiento de una oferta sostenida de alimentos en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos y las comunidades.

Aunque el elemento de la Disponibilidad es muy importante, lo cierto es que el problema del hambre y la malnutrición en Colombia y el mundo usualmente se relaciona con las dificultades que viven diariamente las familias para acceder a los alimentos. En Colombia, al igual que en la mayoría de los países del mundo, no sufrimos problemas de escasez de alimentos, por el contrario hay desperdicio de los mismos, pero aun así el hambre se encuentra bastante presente en nuestra vida diaria. En este sentido considerar el acceso tanto económico como físico a los alimentos es muy relevante. Éste puede definirse como la posibilidad efectiva de los individuos y las comunidades para obtener los alimentos disponibles en formas que sean sustentables.

En los últimos años la consideración acerca de la calidad de los alimentos ha tomado una mayor relevancia si se le compara con épocas anteriores. La pregunta por la calidad de la comida que consumimos resulta ineludible en nuestros días cuando nos referimos al derecho humano a una alimentación adecuada. Aunque pareciera suficiente caracterizar el derecho a la alimentación a partir de la Disponibilidad y la Accesibilidad de la comida que consumimos, lo cierto es que no resulta razonable tener comida disponible y acceder a ella si consumimos comestibles y no alimentos que van a causar daños a nuestra salud o si no contienen los nutrientes necesarios para llevar una vida sana y saludable.

Por último y no menos importante la aceptabilidad cultural de los alimentos puede definirse como el respeto de los hábitos alimenticios de los pueblos y las comunidades forjados culturalmente. Este elemento resulta muy importante ya que el tener alimentos disponibles, acceder a ellos y verificar su calidad, puede resultar insuficiente si contraviene las costumbres o las visiones de vida de los pueblos.

Finalmente, en este proceso reconocemos y ayudamos en el posicionamiento de las luchas de las mujeres rurales como productoras, custodias de las semillas y conocimientos tradicionales, gestoras de procesos organizativos y políticos de sus comunidades, acompañamos sus procesos para avanzar en la garantía de acceso a recursos como la tierra y el agua y otros factores de producción, medios de generación de ingresos, capacitación y espacios de participación y decisión. De igual manera incentivamos el relevo generacional, cada vez más relevante en la sostenibilidad de la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria.

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