Boletín N° 3 - Misión Belga toma nota sobre abusos a trabajadores

✍️ Parlamentarios y representantes del Ministerio de Empleo y Trabajo, así como del Partido Socialista conocieron algunas de las irregularidades que se vienen presentando en Colombia relacionados con atropellos que afectan a los trabajadores y el normal desarrollo de la actividad sindical.

Compartimos con ustedes nuestros 3 boletínes informativos.

Boletín de Prensa N°1 

Boletín de Prensa N°2 

Boletín de Prensa N°3 

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Dirección Política ATI

Erlinto Ademelio Luna es un cortero de caña que prestó sus servicios de trabajo para Manuelita S.A intermediado por una cooperativa de trabajo asociado hasta el año 2012, año en el cual los trabajadores de los ingenios azucareros del Valle del Cauca y Cauca, junto con sus familias, lograron desnudar el oscuro sistema de contratación de esta industria a partir de enormes movilizaciones que lograron la atención, reconocimiento y respaldo nacional.

Erlinto fue uno de los líderes motor de esta lucha y que, como muchos otros, después de este logro es llamado a negociar su salida de la empresa en unas condiciones de presión que se convierten de hecho en un “despido sin justa causa”, como lo manifiesta Fernando Lasso, presidente de la Junta Nacional de SINTRACATORCE; organización sindical creada a partir de las huelgas de 2008 para defender los derechos de los trabajadores de la industria azucarera y que al día de hoy continua apoyando las luchas de los trabajadores aún en el corte, en malas condiciones de salud a causa del esfuerzo que implica su trabajo en el campo o injustamente despedidos.

SINTRACATORCE y el equipo de abogados “Trabajo y Justicia” del cual hace parte Alberto Bejarano, asesor jurídico apoderado legal de Erlinto Ademelio Luna y otros trabajadores de los ingenios Manuelita y Pichichi, en alianza con otras organizaciones nacionales e internacionales como la FGTB Horval, SOLSOC y ATI apoyan una estrategia jurídica y social que busca defender a estos trabajadores de lo que Alberto bien señala como un “re-victimización del sistema judicial en Colombia”

Como bien explica Bejarano la carpeta que SINTRACATORCE tiene abierta con el equipo en los juzgados del país tiene más de 70 expedientes, con demandas de orden laboral que buscan la reivindicación de derechos prestacionales, salariales y contractuales de los trabajadores que, a pesar de lo sucedido en 2012, tienen que seguir demostrando el vínculo laboral con los Ingenios durante los años que funcionó el sistema cooperativo y por ende su responsabilidad en la carga del pasivo laboral.

Desde el año 2015 que se abrieron estos procesos, tanto las directivas sindicales como el equipo jurídico denuncian “profundas barreras de acceso a la justicia en las instancias jurídicas regionales tanto de Palmira como de Buga. Donde los corteros han sido desestimados en la exigencia de sus derechos y en una actitud controversial y polémica los jueces han revivido la situación de injusticia generada por las cooperativas de trabajo asociado, a través de sus fallos arbitrarios”  

Sin embargo, según el equipo de Trabajo y Justicia el caso de Erlinto Ademelio Luna ha tenido un desarrollo único al lograr un “triunfo parcial, cuando la Institución Judicial de Buga reconoció en segunda instancia que la condición laboral de Erlinto todo el tiempo que laboró para la Cooperativa de Trabajo Asociado era la de empleado dependiente y vinculado por parte del Ingenio Manuelita,” el fallo reconoce así, continua Bejarano, que “lo que existió entre las partes fue un contrato de trabajo ¡este es el resultado judicial tangible!”

Sin embargo, el fallo es parcial en tanto no reconoce que las condiciones en las cuales fue obligado a renunciar Erlinto Ademelio en realidad configuran un despido injustificado provocado por su condición de liderazgo en el movimiento 14 de junio. Añade Bejarano que el tribunal reconoce el perjuicio económico por la “renuncia” a su puesto de trabajo, pero no considera entonces que el pago realizado por el Ingenio no resuelve, de ninguna manera, el problema de prestaciones y demás créditos laborales que la empresa le adeuda por el trabajo realizado”

El pasado 25 de noviembre el presidente de SINTRACATORCE recibió la noticia que la Corte Suprema de Justicia admitía el recurso de casación parcial de Erlinto Ademelio Luna, convirtiéndose así en el primer caso que esta estrategia logra llevar a estas instancias “no conocemos hasta el momento un caso que se hubiera fallado en la Corte Suprema de Justicia para los corteros de caña” dice Bejarano y añade “después de este caso existen a mi juicio 10 o 12 casos de la carpeta de SINTRACATORCE que podrían llevarse a litigio a estas instancias”

En palabras de Alberto Bejarano “Que el caso del Erlinto ingrese a Corte Suprema de Justicia, aún no este derrotado y pueda llegar a romper la resistencia de la justicia laboral para efectos de la consagración de los derechos laborales; efectivamente adquiere una connotación, una punta de lanza de la tarea emprendida por SINTRACATORCE de manera conjunta con sus aliados y acompañantes para romper las barreras de la justicia en Colombia”

En palabras del presidente de SINTRACATORCE lograr que este caso llegue a estas instancias es un paso más en el reconocimiento real y efectivo del “contrato realidad” una lucha que este sindicato no dudará en llevar hasta las últimas consecuencias para que los Ingenios y el Gobierno Nacional no solo reconozcan mediáticamente los derechos laborales de los trabajadores rurales, sino jurídica y efectivamente las acciones que configuran un trabajo digno y decente para todos los trabajadores de la industria azucarera.

 

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Al PDET le falta gente: comunidades del Catatumbo expresan preocupaciones por su forma de implementación

Comunicado público de las Comunidades del Catatumbo

 

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Los días 1, 2 y 3 de octubre de 2019 se realizó en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander) el Encuentro Regional PDET Catatumbo, convocado por la Mesa Nacional de Plataformas de la Sociedad Civil que hace seguimiento a los PDET y la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, espacio que contó con el apoyo de la GIZ y el acompañamiento de la FAOColombia.

En el encuentro se dieron cita delegados de Grupos Motor de los 8 municipios (Teorama, Sardinata, Hacarí, Tibú, Convención, San Calixto, El Carmen y El Tarra) que integran el PDET del Catatumbo, representantes del Pueblo Barí y de las organizaciones campesinas, sociales y comunales del territorio. El propósito fue construir un diagnóstico participativo sobre el estado de implementación del PDET Catatumbo y los mecanismos de participación de las comunidades. Se desarrollaron sesiones autónomas de los delegados comunitarios y comunales para construir su propio balance, así como espacios de diálogo a los que fueron convocadas las entidades a cargo de la implementación del PDET, esto es la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV).

El espacio dejó en evidencia la ausencia de participación comunitaria en la fase de implementación del PDET Catatumbo. Las comunidades, sus organizaciones representativas y los delegados de los Grupos Motor no volvieron a ser convocados ni consultados después de la firma del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), realizada en septiembre de 2018. El desconocimiento de la participación de las comunidades contrasta con las múltiples convocatorias que la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, liderada por Emilio Archila, ha realizado a los empresarios y a la institucionalidad local en el marco de la denominada Estrategia Catatumbo Sostenible. Se desconoce de esta forma el enfoque participativo definido en el Acuerdo Final de Paz, que busca transformar la mirada de las comunidades como simples fuentes de información o destinatarios de políticas públicas, para hacerlas partícipes de la toma de decisiones, la priorización, la ejecución y el seguimiento a la implementación del PDET en los territorios.

Desde las comunidades del Catatumbo alertamos que, como consecuencia de nuestra exclusión en la fase de implementación, se está desconociendo nuestra visión del territorio. La presentación de los avances de la Estrategia Catatumbo Sostenible da cuenta de la prevalencia que tiene la visión territorial de los empresarios, cuyos criterios de priorización de acciones y obras no se corresponde con las necesidades e intereses de nuestras comunidades.

También genera preocupación la inexistencia de canales de acceso a la información sobre los recursos para implementación del PDET-Catatumbo y la ausencia de claridad sobre las distintas fuentes de financiación. Esto no permite identificar cuáles son los recursos adicionales para la implementación del PDET, ni diferenciar las obras y acciones definidas en el proceso de planeación participativa de proyectos previos diseñados por las entidades territoriales o el gobierno central, sin participación de las comunidades. No queremos que nos vendan como implementación del PDET planes viejos de empresarios interesados en intervenir nuestro territorio, ni la oferta institucional previa a la firma del Acuerdo de Paz.

Finalmente, nos preocupa el desconocimiento de los enfoques diferenciales y la desarticulación que persiste en la implementación del PDET, particularmente con los Planes Integrales de Reparación Colectiva a cargo de la UARIV y el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), que ha sido prácticamente desmantelado en el territorio. Como comunidades comprometidas con la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente con la Reforma Rural Integral, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que la Estrategia Catatumbo Sostenible que se anuncia como avance en la implementación del PDET y la construcción de la Hoja de Ruta Única, cuyo piloto se realizará en nuestro territorio, incorporen como un eje central la participación efectiva de las comunidades. Pedimos que se nos brinden todas las garantías para participar en la puesta en marcha del PDET Catatumbo de forma que la visión del territorio que hemos construido no sea desconocida, y que el proceso de planeación de abajo hacia arriba desarrollado sea respetado en la fase de ejecución.

Ante la ausencia de participación, las comunidades hemos decidido conformar de manera autónoma una Mesa Regional de Seguimiento el PDET Catatumbo integrada por delegados de Grupos Motor de los 8 municipios que integran el PDET, las organizaciones comunales y campesinas que hacen presencia en el territorio y el Pueblo Barí. Esta Mesa será acompañada a nivel regional por Pastoral Social y el Observatorio Socioeconómico y Ambiental del Catatumbo de la Universidad Francisco de Paula Santander – Ocaña, y contará con el apoyo de la Mesa Nacional de Plataformas de la Sociedad Civil que hace seguimiento a los PDET.

La Mesa Regional buscará asegurar un ejercicio de veeduría autónomo e independiente frente a la implementación del PDET Catatumbo, y construirá rutas para la participación efectiva de las comunidades.

Al PDET Catatumbo le falta gente y nuestra tarea es asegurar que la exclusión de las comunidades no continúe.

 

Delegados de Grupos Motor de los municipios de Teorama, Sardinata, Hacarí, Tibú, Convención, San Calixto, El Carmen y El Tarra, delegados del Pueblo Barí y de las organizaciones campesinas y sociales del Catatumbo

 

Ocaña, 9 de octubre de 2019

 

 

 

¡La protección social es un derecho no un privilegio!

El pasado 26 de octubre diferentes organizaciones sociales se reunieron en la plaza de Bolívar para rendir un homenaje al personal de salud que ha fallecido en Colombia por cuenta del Covid 19 y las enormes dificultades que aún para el personal de salud significa tener acceso a un sistema de salud digno, justo y equitativo. El homenaje a estas 165 muertes "evitables" como dice en su testimonio el presidente del Colegio de Médicos de Bogotá Herman Bayona, se realizó con 165 sillas blancas dispuestas en forma del número 010 que es el cual tiene el proyecto de ley con el cual se pretende profundizar el ya perverso sistema de mercantilización de la salud implantado por la ley 100 en los años 90.

La Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI se suma a estas acciones de denuncia, exigibilidad y construcción de propuestas dignas para la protección social de todos y todas.

 

 

 

"Primer Informe Sombra Específico de Mujeres Rurales y Campesinas en Colombia presentado a la 72o Sesión del Comité CEDAW"

Alrededor de 70 organizaciones sociales defensoras de derechos humanos trabajaron durante un año para presentar el Primer Informe Sombra específico de mujeres rurales y campesinas de Colombia ante #CEDAW72. CEDAW es la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer Entró en vigor como tratado internacional en 1981. Colombia suscribió #CEDAW en 1980 y fue adoptada mediante la Ley 051 de 1981. Desde entonces, el Estado colombiano está obligado a dar cumplimiento a CEDAW a través de normas y políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres.

 

2019