Cuando el país que soñamos vale más que el país que podemos reconstruir.
Los PDET y la promesa de la construcción de paz territorial en Colombia.
Juliana Millán Guzmán.
Dirección Política Asociación de Trabajo interdisciplinario ATI
Los Programas de desarrollo con enfoque territorial PDET fueron mecanismos concertados como parte de la implementación de los acuerdos firmados en noviembre de 2016, entre el Gobierno Nacional colombiano y el entonces grupo armado FARC - EP, hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El objetivo de estos programas supone la priorización de 170 municipios, en 19 departamentos y 16 regiones del país para que la Reforma Rural Integral se concrete al “contribuir a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad, y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural”.
El objetivo de los PDET, entendidos como procesos participativos, es la construcción e implementación de los Planes de Acción para la Transformación Regional PATR y sus correspondientes Pactos Municipales de Renovación del territorio. Tarea que fue entregada a la recién creada Agencia de Renovación del Territorio (ART) Así los PDET se convirtieron rápidamente en la promesa de planificar, en y desde los territorios donde los efectos del conflicto armado, las economías ilegales e ilegítimas y la falta de presencia estatal se habrían juntado para instaurarse en las comunidades, evidenciando los niveles más altos de pobreza extrema y necesidades básicas insatisfechas en Colombia.
Pero no son estas las únicas circunstancias que cruzan los territorios PDET, es claro que en muchos de estos lugares la planeación y el ordenamiento territorial de carácter administrativo o ambiental no se había podido llevar a cabo antes. Territorios en donde en los últimos veinte años las razones profundas del conflicto armado, que denotaban profundas conflictividades económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales, fueron consolidando ordenamientos territoriales de hecho. Distribuciones que hoy continúan en disputa por el control territorial, la propiedad y el uso de las tierras.
En un proceso de trabajo colectivo y articulando a la mesa nacional de seguimiento a los PDET conformada por 10 plataformas y organizaciones sociales de orden nacional y siete organizaciones acompañantes de carácter nacional e internacional, acompañamos una serie de reuniones nacionales y regionales entre las organizaciones sociales de base, ubicadas en las zonas PDET y en diálogo con los equipos regionales y nacional de la ART. Resultado de estos encuentros queremos compartir algunos de los retos estratégicos que le significan al país abordar el compromiso de la construcción territorial del desarrollo rural.
La participación desde los territorios, entre el cumplimiento de la agenda y la legitimidad.
El primer reto es contra el tiempo, pues parte de la dificultad de establecer criterios espaciales y vinculantes de participación que pudieran legitimarse rápidamente, en un proceso nacional que inicia formalmente durante la segunda mitad del 2017, a escasos 12 meses de que culmine el periodo del equipo de gobierno que firmó los acuerdos.
Es claro que esta dificultad le ha supuesto retos enormes a los PDET; el primero que los PATR recojan no solo las necesidades más sentidas de los pobladores de estos municipios, sino que estas necesidades vayan acordes con los ordenamientos que las organizaciones y procesos sociales fueron construyendo para poder defender sus territorios (planes de vida, planes de salvaguarda, planes de desarrollo sostenibles entre otros.) Y que en buena medida entran en conflicto, disputa o tensión con otros de empresarios, autoridades públicas o actores al margen de la ley.
Ahora mismo el reto de los escenarios municipales y regionales (que son los que continúan en la metodología a la etapa veredal) es que las y los delegados que vienen de las fases municipales puedan sustentar las acciones de intervención de sus veredas, no como un favor o una deuda por parte del estado, sino como la concreción de una planeación territorial que supone escuelas con maestros e infraestructuras atentas a decantar planes de estudio específicos en las comunidades rurales, atención hospitalaria capaz de alojar médicos y servicios de primer y segundo nivel al alcance de la población rural o conexión eléctrica capaz de generar energía en zonas rurales dispersas para los proyectos de producción y transformación que requiere la agricultura campesina familiar y comunitaria, entre otras acciones programáticas.
Información pertinente y en tiempo real.
Otro de los grandes retos es mantener una información circulando en los territorios, para garantizar la participación informada de las personas que están asistiendo a los escenarios convocados por la ART. El reto de la información en tiempo real desborda los procesos y tiempos de devolución previstos por la agencia pues incluso las enormes matrices que ordenan las propuestas dentro de los pilares, aún si se entregaran a tiempo, no podrían ser comprendidas por buena parte de la población que hoy en día conforma los grupos motores, dada la lógica cartesiana y de dependencia obligatoria de lectoescritura que supone su estructuración.
La ART intento amortiguar esta situación con un programa paralelo de conformación de grupos de jóvenes, que tendría la tarea de participar y contar el proceso en formas y lenguajes más asequibles para la comunidad. Sin embargo, la Agencia misma expone que este proyecto hoy en día no tiene recursos y desafortunadamente no pudo ser implementado con la profundidad que suponía el reto de la información.
El eterno dilema de la armonización interinstitucional.
De otro lado, la consolidación de los PDET como parte de la Reforma Rural Integral debería obedecer a una acción coordinada por parte del Estado que pudiera no solo “darle dientes” de ejecución a la implementación de los PATR, logrando la articulación de los mismos con los planes y proyectos de otras instituciones locales regionales y sectores del gobierno nacional. Sino articularla con otros como los Planes Integrales comunitarios y municipales de sustitución de cultivos de uso ilícito PISDA o los Proyectos Integrales de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial PIDAR y sus correspondientes Planes integrales de desarrollo Agropecuario y Rural, todos ellos coordinados por distintas agencias del gobierno nacional.
Sin embargo, tanto las comunidades organizadas como la misma Agencia, han planteado la dificultad de generar estas articulaciones de forma efectiva, no solo en aras de no desgastar los escenarios de participación, sino de generar procesos efectivos de construcción conjunta. La Agencia explicó en el último encuentro nacional “no hemos encontrado la forma de volver vinculantes los PATR en los planes de desarrollo municipales y departamentales que ya están en curso y algunas organizaciones como la ANH se han distanciado explícitamente de este empeño” Frente a esta situación las organizaciones sociales ven con preocupación el desborde de convocatorias y chalecos que no solo suman la agencias del gobierno, sino también los de la cooperación internacional vinculada a estos procesos.
¿Cuánto cuestan y quien va a financiar los PDET?
Un último punto que no es menos complejo es el reto que ha supuesto la sostenibilidad presupuestal del proceso de construcción de los PDET y el que supondrá su puesta en marcha. En el primer lugar las dificultades de mantener un trabajo territorial que ha llegado a las instancias veredales con las dificultades de movilidad de una institucionalidad antes concentrada en las ciudades capitales y en el mejor de los casos en los núcleos municipales de más fácil acceso. Y de otro lado la movilidad de las comunidades a los espacios de reunión veredal. En ello las garantías de participación para muchas personas no son fáciles de brindar, más aún cuando ello supone desplazamientos complejos por caminos de herradura, ríos o ciénagas, o bien la garantía de que las mujeres que siendo líderes de sus comunidades y realizan acciones de cuidado en las mismas se ausenten por periodos de tiempo prolongados sin tener a quien dejar a cargo de estas acciones o asumir los costos que ello implica.
La otra cara del tema presupuestal es la implementación de los planes que resulten de los procesos PDET, la pregunta es clara ¿quién pagará la puesta en marcha de las obras y acciones que se definan en los territorios? La preocupación implica saber si la puesta en marcha de los PATR, en el tiempo que para ello se defina, está asegurada con inversión pública estatal o bien los recursos hay que “conseguirlos” con otros actores que podrían condicionar su entrega a permitir presencias específicas en los territorios, como la minería o formas específicas del turismo rural o la agroindustria, con las cuales no hay un acuerdo colectivo o hay una franca oposición.
Ante este panorama la Agencia ha planteado que el acuerdo con el gobierno nacional, de cara a la implementación del punto 1, es que existe un marco fiscal aprobado por el plan marco de implementación, sobre el cual Hacienda tendría que decidir el presupuesto que se destina a la implementación de los PDET. Sin embargo, esta decisión no será resorte de este gobierno y la actual dirección de la Agencia sugiere que los criterios para realizar esta tarea estén dados por diferencias regionales, años determinados para la implementación y sumatoria de otros recursos como el sistema de regalías, los recursos municipales y otros acuerdos de financiación sectorial.
Conclusiones.
Teniendo en cuenta solo algunos de los aspectos dialogados entre las organizaciones sociales y la ART en los encuentros nacionales y regionales es importante señalar la diversidad de los retos que enfrenta la planificación territorial, como uno de los mayores logros que podría suponer la implementación de los acuerdos.
En ello se requerirá sin duda la voluntad política del gobierno nacional y de los diferentes actores con intereses en la configuración de territorios y territorialidades a lo largo y ancho de país. Para permitir que los limitantes estructurales en los procesos participativos (económicos, sociales y culturales) se resuelvan, para que los acuerdos construidos puedan transformar los conflictos históricos en los territorios, para que la información pueda fluir de manera oportuna y para que los espacios construidos sean legítimos y respaldados desde los espacios locales a los escenarios de articulación y armonización regionales y nacionales.