El día 9 de octubre las Plataformas de Derechos Humanos, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo de la cual hace parte la Asociación de Trabajo Interdisciplinario – ATI, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones y afines, presentaron el informe nacional de DDHH El Camino del Cambio”, informe que presenta un balance en materia de derechos humanos del segundo año de actual gobierno hecho por las organizaciones pertenecientes a las Plataformas antes mencionadas.
Este informe tiene como punto de partida el giro dado por las políticas nacionales de protección y defensa de los DDHH que ha impulsado el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, pero al mismo tiempo las dificultades institucionales, presupuestales y de índole político que se presentan para avanzar con ellas.
El informe presenta cuatro bloques de análisis: 1. Avance en la adopción e implementación de las políticas sociales; 2. Derecho a la vida y los avances o retrocesos en cuanto las políticas de paz; 3. Un análisis desde las regiones referidos específicamente a la situación de la niñez, juventud en el Cauca, la situación de DDHH en general en la región Pacífica colombiana, las tensiones territoriales por el copamiento de estructuras criminales en la región Caribe y la situación de migración ilegal a través del Tapón del Darien; 4. Las tensiones y retos institucionales en el escenario legislativo, frente a nuevas dirigencias de órganos de control como la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo y entes judiciales como la Fiscalía General de la nación.
En términos generales se observa como conclusión del balance de este segundo año de gobierno, una férrea oposición a la implementación de las políticas propuestas para el cambio por el cual votamos los y las colombianas, por parte de un amplio sector dominante y anquilosado en las instituciones estatales y que se resiste a renunciar a su privilegios y procura la continuidad de la violencia como forma de mantener sus medios de acumulación económica y el ejercicio autoritario del poder político.
De otro lado, la falta de articulación institucional y la correlación de fuerzas de lo nacional a lo territorial. Parece persistir la mirada asistencialista de los derechos lo cual se evidencia en la forma como operan las transferencias, como la renta ciudadana. Persiste una afectación diferenciada de la violencia sobre las mujeres la población LGTBIQ+ y población étnica, sin que se asuman e implementen medidas diferenciadas para enfrentarla.
Sin embargo, pese a este panorama de dificultades y retos los escenarios de participación y de construcción conjunta de las políticas con las organizaciones sociales es un avance que se puede desatacar en el actual gobierno.
El informe presenta 21 recomendaciones en cada uno de los derechos y contextos particulares analizados, de cara no sólo al mandato del actual gobierno si no el conjunto del Estado colombiana en su deber de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en Colombia.
Invitamos a leer el informe y profundizar en sus contenidos en el siguiente link: https://informesderechoshumanos.com/
